Florida emite una orden de arresto contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996

Treinta años después de uno de los episodios más tensos entre Cuba y Estados Unidos, la justicia de Florida dio un paso más contra el hombre que entonces dirigía las Fuerzas Armadas cubanas. Una jueza del condado de Miami-Dade firmó una orden de arresto contra el expresidente Raúl Castro, de 95 años, por el derribo de dos avionetas civiles en 1996 en el que murieron cuatro personas. La decisión se conoció el lunes 19 de octubre de 2026.

Qué pasó

Según Eje Central y la agencia Europa Press, la orden la firmó el viernes 16 de octubre la jueza Ariana Fajardo Orshan, que preside el Undécimo Circuito Judicial de Florida. El fiscal general del estado, James Uthmeier, anunció el lunes que su oficina había obtenido la orden y que acusa a Castro de conspiración para cometer asesinato en primer grado. De acuerdo con Euronews, que cita a la agencia AP, Uthmeier afirmó que el exmandatario ordenó a sangre fría la muerte de cuatro floridanos y que Florida no dejará de exigir que alguien responda por ello.

Es una orden estatal, distinta del proceso federal que ya existe. En mayo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Castro y otros cinco militares cubanos por los mismos hechos. Según la prensa estadounidense, la acusación federal incluye asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. El fiscal federal del sur de Florida respaldó que ambos casos avancen en paralelo.

El derribo de 1996

El 24 de febrero de 1996, aviones de combate cubanos derribaron dos avionetas Cessna de Hermanos al Rescate, una organización de exiliados cubanos con sede en Miami. El grupo sobrevolaba el estrecho de Florida para localizar a balseros que intentaban llegar a Estados Unidos y avisar a los equipos de rescate. Murieron sus cuatro ocupantes: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr. Tres de ellos eran ciudadanos estadounidenses y el cuarto, residente permanente.

La Habana sostuvo desde el inicio que las avionetas habían violado su espacio aéreo tras varias advertencias. Estados Unidos y una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional, vinculada a la ONU, concluyeron que el derribo ocurrió sobre aguas internacionales. En ese momento, Raúl Castro era ministro de Defensa y la segunda figura más poderosa del país, después de su hermano Fidel. Más tarde fue presidente de Cuba entre 2008 y 2018 y siguió al frente del Partido Comunista hasta 2021.

El episodio tuvo consecuencias que todavía se sienten. Pocas semanas después, Washington aprobó la Ley Helms-Burton, que endureció el embargo económico contra la isla y que sigue vigente casi tres décadas más tarde.

Por qué es casi imposible detenerlo

En la práctica, la orden tiene un alcance limitado. Cuba y Estados Unidos no tienen un tratado de extradición vigente y el Gobierno cubano no entrega a sus ciudadanos a tribunales extranjeros. Castro vive en la isla y, a su edad, rara vez viaja. Sin embargo, como recuerda Eje Central, la orden queda activa y podría ejecutarse si alguna vez sale del territorio cubano hacia un país dispuesto a colaborar con la justicia estadounidense.

La reacción de La Habana fue de rechazo. Cuando se conoció la acusación federal en mayo, el presidente Miguel Díaz-Canel la calificó de maniobra política sin base legal y dijo que buscaba justificar una agresión contra Cuba. Sobre la nueva orden de Florida, el diario español The Objective recogió que Díaz-Canel la llamó un “patético circo miamense”; no encontramos esa frase en otros medios.

Qué puede venir

El caso llega en un año de máxima presión de Washington sobre los gobiernos de izquierda de la región. En enero, una operación militar estadounidense terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, y algunos analistas han comparado ese precedente con la acusación contra Castro, aunque no hay señales oficiales de una acción similar contra Cuba. Por ahora, lo más probable es que la orden tenga sobre todo un peso simbólico y político, en especial para el exilio cubano de Miami, a dos semanas de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

Para las familias de las víctimas, que llevan casi treinta años pidiendo un juicio, la orden es una señal de que el caso no está cerrado. Para el Gobierno cubano, es otro capítulo de una disputa que lleva más de seis décadas.