Bukele aclara su plan de liberación anticipada: “Ningún pandillero va a salir libre. Nunca”

Durante cuatro años, el mensaje de Nayib Bukele fue uno solo: cárcel para todo aquel vinculado a las pandillas. Por eso causó sorpresa que, el martes 13 de octubre de 2026, el presidente de El Salvador hablara de un plan de liberación anticipada. Tres días después salió a poner límites a esa idea con una frase tajante: “Ningún pandillero va a salir libre. Nunca”.

Qué dijo Bukele

La aclaración llegó el viernes 16 de octubre, en una rueda de prensa en San Salvador junto a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, que estaba de visita oficial. Según recogió la agencia AFP, Bukele explicó que el beneficio no está pensado para miembros de las maras, sino para 10.629 presos que su Gobierno identifica como colaboradores ocasionales de esas estructuras.

De acuerdo con el mandatario, esos casos se revisarán uno por uno y aproximadamente la mitad podría ingresar al programa “Cero Ocio”, un esquema penitenciario que ofrece beneficios a cambio de trabajar en obras públicas. En la práctica, eso significaría que unas 5.000 personas podrían salir antes de cumplir sus penas, siempre bajo supervisión.

Bukele calificó de “tergiversación” las informaciones que hablaban de liberar a la mitad de los más de 93.000 detenidos desde que comenzó el régimen de excepción, en marzo de 2022. Según diarios como Diario Las Américas, también pidió a varios medios que corrigieran las cifras que habían publicado.

De dónde salió el plan

El tema surgió el 13 de octubre, durante una conferencia en Casa Presidencial. Al responder una pregunta sobre una comisión que revisa expedientes de detenidos, mencionada meses atrás por su hermano Ibrajim Bukele, el presidente dijo que su Gobierno tenía un plan que beneficiaría a cerca del 50 % de los presos que colaboraron con pandillas, con una liberación condicional y bajo monitoreo.

En esa ocasión, según medios como Emol y Bloomberg Línea, Bukele aclaró que los beneficiarios no serían declarados inocentes. Puso como ejemplo la diferencia entre alguien que ayudó a cometer un delito grave y alguien que solo avisaba de la llegada de la policía: ambos serían culpables, dijo, pero en grados muy distintos. No dio fechas ni criterios públicos detallados.

Las críticas

Las organizaciones de derechos humanos recibieron el anuncio con desconfianza. El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) respondió que nadie debería declararse culpable de un delito que no cometió para recuperar su libertad, una crítica dirigida a la idea de que el programa exija aceptar la etiqueta de colaborador.

La organización Cristosal sostuvo que determinar la culpabilidad de una persona le corresponde a los jueces y no al poder Ejecutivo. Grupos humanitarios citados por AFP denuncian además arrestos sin orden judicial, la posible presencia de inocentes en las cárceles y más de 500 muertes bajo custodia del Estado. La ONG Socorro Jurídico calcula que al menos 30.000 detenidos no tendrían relación con las pandillas, una cifra que el Gobierno no reconoce.

Según AFP, el propio Bukele ha admitido que su Gobierno ya liberó a unas 8.000 personas detenidas durante el régimen de excepción tras revisar sus casos.

Por qué importa en la región

El llamado modelo Bukele se ha convertido en una referencia política en América Latina. Costa Rica inauguró una prisión inspirada en el CECOT, la megacárcel salvadoreña, y su presidenta viajó a El Salvador precisamente para conocer ese sistema de primera mano. En otros países, candidatos y legisladores proponen megacárceles similares como respuesta al crimen organizado.

Por eso, cualquier ajuste en la política penitenciaria salvadoreña se mira con atención fuera de sus fronteras. El plan de liberación anticipada muestra que, incluso con una de las políticas de mano dura más populares del continente, el Gobierno enfrenta el desafío de qué hacer con decenas de miles de presos cuyos casos no han llegado a juicio.

Qué puede pasar ahora

El Gobierno salvadoreño no ha anunciado cuándo comenzará la revisión de los 10.629 casos ni qué requisitos concretos tendrán que cumplir los presos para entrar en “Cero Ocio”. Mientras tanto, las familias de los detenidos esperan detalles y las organizaciones de víctimas insisten en que la salida debe pasar por los tribunales y no por decisiones presidenciales.