Corte de apelaciones avala que Trump detenga sin fianza a inmigrantes que entraron sin papeles

Tres hombres que llevaban al menos 14 años viviendo y trabajando en Estados Unidos, todos con hijos estadounidenses, fueron detenidos en controles de tráfico y enviados a centros del ICE sin derecho a pedir fianza. Su caso llegó hasta una de las cortes de apelaciones más influyentes del país, y el resultado fue una victoria para el gobierno de Donald Trump: el Quinto Circuito decidió que los inmigrantes que entraron sin autorización no tienen derecho constitucional a una audiencia de fianza mientras esperan su deportación.

Qué decidió la corte

El fallo se conoció el viernes 23 de octubre de 2026. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, se reunió en pleno —todos sus jueces activos, y no solo un panel de tres— y votó 10 contra 7 a favor de la política de detención obligatoria del gobierno, según The Texas Tribune y la agencia Reuters.

La decisión anuló lo que había resuelto antes un panel del mismo tribunal, que consideró inconstitucional aplicar esa política a los tres demandantes. Ahora la mayoría sostiene que la protección del debido proceso de la Quinta Enmienda no obliga a ofrecer audiencias de fianza a quienes no fueron admitidos legalmente en el país. Como el Quinto Circuito cubre Texas, Luisiana y Misisipi, la decisión rige en esos tres estados.

El juez Cory Wilson, nombrado por Trump, redactó la opinión mayoritaria. Según su argumento, los inmigrantes que no fueron admitidos legalmente solo tienen los derechos que el Congreso les reconoce expresamente, y pueden poner fin a su encierro “en cualquier momento aceptando irse del país”. El juez Andrew Oldham presentó un voto concurrente.

Los tres casos detrás del fallo

Los demandantes son Ignacio Sosnava Rodríguez, Miguel Ángel Gómez Alvarado y Alejandro Villegas Ángel. De acuerdo con The Texas Tribune, fueron arrestados por policías estatales durante controles de tráfico de rutina entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. El ICE los mantuvo detenidos sin ofrecerles una audiencia de fianza, y jueces federales de primera instancia concluyeron que eso violaba sus derechos y ordenaron liberarlos.

El fallo alcanza también a personas sin antecedentes penales, según el mismo medio. La defensa de los tres hombres estuvo a cargo de organizaciones como el National Immigration Project y el American Immigration Council. “Vemos este caso como una afrenta al debido proceso”, dijo Gracie Willis, abogada del National Immigration Project.

El juez Leslie Southwick, nombrado por George W. Bush, encabezó la disidencia. En su opinión escribió que el fallo levanta un “muro impenetrable entre la Constitución y estos residentes de largo plazo”. Del lado del gobierno, el abogado del Departamento de Seguridad Nacional James Percival celebró en redes sociales lo que llamó una “gran victoria” sobre la detención obligatoria.

Por qué importa a millones de familias latinas

La política de detención obligatoria se anunció en julio de 2025: el gobierno sostuvo que cualquier persona arrestada por el ICE que hubiera entrado sin autorización no tiene derecho a fianza, sin importar cuántos años lleve en el país. Antes, muchas de estas personas podían pedir a un juez de inmigración que las dejara salir bajo fianza mientras se resolvía su caso, que puede tardar meses o años.

La medida provocó una avalancha de demandas. Según The Texas Tribune, desde enero de 2025 los inmigrantes detenidos han presentado más de 89.000 peticiones de hábeas corpus. Un análisis de Politico citado por ese medio encontró que más de 400 jueces fallaron a favor de los inmigrantes en más de 5.000 casos, mientras que 41 jueces dieron la razón al gobierno en unos 250.

El impacto del Quinto Circuito va más allá de las fronteras de Texas: el gobierno ha trasladado a muchos detenidos de otros estados a centros de detención texanos, según el mismo diario. Para las familias de mexicanos, centroamericanos, venezolanos y otros latinoamericanos que viven en Estados Unidos sin papeles, el fallo significa que una detención en un control de tráfico puede terminar en meses de encierro sin posibilidad de salir bajo fianza.

Qué puede pasar ahora

La última palabra no la tiene el Quinto Circuito. Otros tribunales de apelaciones han rechazado la interpretación del gobierno, y esa división entre cortes suele ser la antesala de una decisión de la Corte Suprema. De hecho, el máximo tribunal aceptó a comienzos de octubre revisar un caso similar sobre la política de detención obligatoria, informó The Texas Tribune.

Mientras tanto, en Texas, Luisiana y Misisipi los jueces federales deberán aplicar el nuevo criterio. Las organizaciones que representan a los inmigrantes no han anunciado aún sus próximos pasos, pero el caso podría sumarse a la discusión que la Corte Suprema tendrá que resolver en los próximos meses.