Bombardeo ordenado por De la Espriella contra el Clan del Golfo en Chocó deja seis muertos y un capturado

El Gobierno de Colombia ejecutó un nuevo bombardeo contra el crimen organizado. En la madrugada del miércoles 28 de octubre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella autorizó un ataque aéreo contra un campamento del Clan del Golfo en la zona rural de Nóvita, en el departamento del Chocó. Según el balance preliminar que dio el propio mandatario esa noche en Bogotá, la operación dejó seis muertos y un capturado, y la cifra podría aumentar.

Qué pasó en Nóvita

La operación estuvo a cargo del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El objetivo fue un campamento de la subestructura Edwin Guzmán Martínez, que forma parte de la estructura Jairo de Jesús Durango Restrepo del Clan del Golfo, la organización criminal más grande del país.

De la Espriella anunció primero el ataque en redes sociales, donde escribió que había autorizado "un bombardeo muy importante y estratégico". Por la noche, ante la prensa, dio las primeras cifras: "Llevamos seis abatidos y un capturado, pero hay más; lo que ocurre es que era en una pendiente, se cayó y estamos buscando más cuerpos". El presidente explicó que los detalles de la operación se presentarían el jueves 29 de octubre junto al Ministerio de Defensa y la cúpula militar.

En el lugar, las tropas incautaron fusiles, armas cortas, un lanzagranadas, explosivos y municiones, según la información difundida por medios colombianos como La FM y El Colombiano.

Quién sería el cabecilla abatido

De acuerdo con el diario El Tiempo, entre los muertos estaría alias Alex, identificado como Yeisón Arley García Atehortúa, de 34 años. Según ese medio, llevaba una década en la organización y ocupaba el tercer lugar en la línea de mando de la subestructura. Los registros de inteligencia citados por el periódico lo ubican en disputas territoriales con el ELN en municipios como Sipí, Nóvita, Istmina y el Litoral de San Juan, una zona clave por las rutas del narcotráfico hacia el Pacífico.

La subestructura Edwin Guzmán Martínez tiene, según El Tiempo, 63 integrantes y se financia principalmente con la minería ilegal de oro, una de las economías criminales más rentables del Chocó. Las autoridades no habían confirmado oficialmente la identidad de todos los fallecidos al cierre de esta nota.

El sexto bombardeo de su gobierno

El ataque en el Chocó es el sexto bombardeo ordenado por De la Espriella desde que asumió la Presidencia en agosto. Los anteriores fueron en el Catatumbo contra el ELN, en Guaviare contra disidencias de las FARC, en Tibú contra el Frente 33 y en El Tambo, Cauca, donde murieron nueve integrantes del ELN, entre ellos alias Marcos Pacífico. La estrategia marca un giro frente a la política de su antecesor y se ha convertido en una de las banderas de seguridad del nuevo gobierno.

Los bombardeos también han generado polémica. En algunos de ellos murieron menores de edad reclutados por los grupos armados: en el ataque de Tibú, en octubre, falleció una adolescente de 16 años. Según Medicina Legal, ocho menores murieron en operaciones de la Fuerza Pública entre el 7 de agosto y el 30 de septiembre.

La decisión judicial del mismo día

El bombardeo coincidió con una decisión judicial clave. El Tribunal Superior de Bogotá revocó un fallo de tutela de primera instancia que había impuesto condiciones reforzadas a las operaciones aéreas cuando existiera información verificable sobre la presencia de menores en los campamentos. El tribunal consideró que la demanda no identificaba personas ni operaciones concretas y que ese tipo de reclamos colectivos debe tramitarse por otras vías legales.

Con esa decisión, el Gobierno queda sin las restricciones que había fijado el juzgado. Organizaciones de derechos humanos han pedido mantener controles estrictos, mientras el Ejecutivo sostiene que los ataques aéreos son necesarios para golpear a las estructuras que controlan el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal en regiones como el Chocó.

Qué sigue

El balance definitivo depende de la búsqueda de cuerpos en la ladera donde ocurrió el ataque. El Gobierno anunció que presentaría los resultados completos de la operación, que podrían confirmar la identidad del cabecilla y elevar el número de muertos. Mientras tanto, el Chocó, uno de los departamentos más golpeados por la violencia y la pobreza en Colombia, sigue en el centro de la disputa entre el Clan del Golfo y el ELN.