Qué son las sanciones económicas y si funcionan de verdad, explicado

Las sanciones económicas son castigos comerciales y financieros que un país, o un grupo de países, le impone a otro gobierno, a empresas o a personas para obligarlos a cambiar de conducta sin recurrir a la guerra. Pueden ir desde congelar las cuentas de un funcionario hasta prohibir casi todo el comercio con una nación entera. ¿Funcionan? A veces: los estudios más citados indican que logran sus objetivos, al menos en parte, en alrededor de un tercio de los casos, y casi nunca cuando lo que buscan es derribar a un gobierno.

Qué son las sanciones económicas

La idea es sencilla: hacer que un comportamiento salga caro. Si un gobierno invade a un vecino, desarrolla armas prohibidas, viola derechos humanos o protege al narcotráfico, otros países pueden cortarle el acceso a su dinero, a sus mercados o a su tecnología para presionarlo. Son un punto intermedio entre la protesta diplomática y la fuerza militar.

No es un invento moderno. Uno de los ejemplos más antiguos que se conocen es el decreto de Mégara, hacia el año 432 antes de Cristo: la Atenas de Pericles prohibió a los comerciantes de esa ciudad vecina usar sus mercados y los puertos de su imperio. Muchos historiadores lo cuentan entre los motivos que encendieron la guerra del Peloponeso, lo que ya muestra un riesgo de este tipo de castigos: a veces agravan el conflicto que pretendían evitar.

Tipos de sanciones

Las más amplias son los embargos, que prohíben todo o casi todo el comercio con un país. Luego están las sanciones sectoriales, que golpean una industria clave, como el petróleo, el gas o la banca. Y las más usadas hoy son las sanciones selectivas o "inteligentes": se dirigen contra personas y empresas concretas, a las que se les congelan los bienes, se les prohíbe viajar o se les impide hacer negocios.

Un caso especial son las sanciones secundarias: castigan a empresas de otros países que sigan haciendo negocios con el país sancionado. Son muy poderosas porque casi ningún banco grande del mundo quiere arriesgarse a perder el acceso al dólar y al sistema financiero de Estados Unidos.

Quién puede imponerlas

La única autoridad con alcance mundial es el Consejo de Seguridad de la ONU. El artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas le permite ordenar medidas que no impliquen el uso de la fuerza, como cortar relaciones económicas, y todos los Estados miembros están obligados a cumplirlas. Según la propia ONU, hay 14 regímenes de sanciones vigentes, centrados en resolver conflictos, frenar la proliferación nuclear y combatir el terrorismo. El problema es que los cinco miembros permanentes tienen derecho a veto, así que es casi imposible sancionar a uno de ellos o a sus aliados cercanos.

Por eso la mayoría de las sanciones actuales son unilaterales: las deciden por su cuenta Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido u otros países. En Estados Unidos las administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, que publica la lista de personas y empresas sancionadas. En América Latina se la conoce popularmente como "lista Clinton", porque cobró fama en 1995, cuando el gobierno de Bill Clinton empezó a usarla contra los carteles colombianos.

Sanciones en América Latina

La región conoce de cerca este instrumento. El caso más largo es el de Cuba: el 3 de febrero de 1962, el presidente John F. Kennedy firmó la proclamación que prohibió todo el comercio con la isla, en vigor desde el 7 de febrero de ese año. Más de seis décadas después, el embargo sigue vigente y el gobierno cubano no ha cambiado de sistema. Desde 1992, la Asamblea General de la ONU vota cada año una resolución que pide levantarlo; en octubre de 2025 se aprobó con 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones, aunque esas votaciones no son obligatorias.

Venezuela es otro ejemplo. Tras años de medidas contra funcionarios, el 28 de enero de 2019 Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal PDVSA, la principal fuente de divisas del país, con el objetivo declarado de presionar a Nicolás Maduro para que convocara nuevas elecciones. La economía, ya en crisis profunda, se hundió más, pero Maduro siguió en el poder durante años.

Las sanciones también llegan a personas. El 24 de octubre de 2025, la OFAC incluyó en su lista al entonces presidente de Colombia, Gustavo Petro, a su esposa, a su hijo y al ministro del Interior, Armando Benedetti. El Tesoro lo justificó por el aumento de la producción de cocaína; Petro rechazó la medida y dijo sentirse chantajeado. Aparecer en esa lista significa que los bienes en Estados Unidos quedan congelados y que nadie en ese país puede hacer negocios con la persona.

¿Funcionan de verdad?

Es una de las grandes discusiones de la política internacional. El estudio más citado, de los economistas Gary Hufbauer, Jeffrey Schott y Kimberly Elliott, del Instituto Peterson, revisó más de un centenar de casos desde la Primera Guerra Mundial y concluyó que las sanciones lograron sus metas, total o parcialmente, en cerca del 34 % de las ocasiones. Funcionaron mejor cuando el objetivo era modesto, como liberar a un preso político, que cuando se buscaba frenar un ejército o cambiar un régimen.

Otros expertos son más pesimistas. El politólogo Robert Pape revisó en 1997 esos casos de éxito y sostuvo que solo unos pocos resisten un análisis riguroso, porque en muchos el resultado se debió en realidad a la fuerza militar o a otros factores. Un caso que suele citarse a favor es el de Sudáfrica: en 1986 el Congreso de Estados Unidos aprobó duras sanciones contra el régimen del apartheid, que se sumaron a las de otros países y a la presión interna; la mayoría se levantaron en 1991, cuando el gobierno empezó a desmontar ese sistema y ya había liberado a Nelson Mandela.

Rusia es la gran prueba de estos años. Tras la invasión de Ucrania en 2022, Occidente congeló alrededor de 300.000 millones de dólares en reservas del banco central ruso, desconectó a varios de sus bancos del sistema SWIFT y fijó un precio máximo a su petróleo. Rusia se convirtió en el país más sancionado del mundo, pero su economía no colapsó: vendió más petróleo a China e India y siguió financiando la guerra. Las sanciones le han encarecido la vida y la tecnología, pero no la han hecho retroceder.

Las críticas más fuertes apuntan a quién paga el precio. Las sanciones amplias suelen golpear más a la población común, con escasez de medicinas, alimentos o empleo, que a los gobernantes, que a menudo encuentran formas de evadirlas y las usan como excusa para culpar a otros de las crisis.

Lo que debes recordar

Las sanciones son una herramienta de presión barata comparada con la guerra, y por eso se usan cada vez más. Funcionan mejor cuando muchos países las aplican juntos, cuando la meta es concreta y cuando el país sancionado depende mucho de quien lo castiga. Fallan, casi siempre, cuando lo que se pretende es tumbar a un gobierno: el embargo a Cuba cumple más de 64 años y el sistema que quería cambiar sigue en pie.