Honduras aprueba cadena perpetua para los cabecillas de las maras y convierte el tatuaje en prueba de terrorismo

El Congreso Nacional de Honduras aprobó la noche del lunes 27 de octubre de 2026, con dispensa de dos debates, la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas. La votación fue de 118 diputados a favor y diez abstenciones, todas de la bancada de Libre, según informó el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano. La norma reforma el Código Penal, el Código Procesal Penal y la legislación penitenciaria, y entra en vigor cuando se publique en el diario oficial La Gaceta.

Las penas: de 30 años a prisión perpetua

El cambio más visible es el salto en las condenas. Pertenecer a una asociación terrorista —la figura con la que Honduras persigue a las maras— pasa de los 15 a 20 años que fijaba el artículo 587 del Código Penal a una horquilla de 30 a 40 años de cárcel. Para quienes la ley considera líderes, directores, promotores o financistas de esas estructuras, la pena va de 40 años a prisión perpetua.

La perpetua también aparece en otros tres supuestos. Reclutar menores de edad se castiga con penas de 40 años a cadena perpetua. Matar a un miembro de las instituciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad o a un funcionario del sector justicia por razón de su cargo se sanciona con prisión perpetua, según la reforma del artículo 193. Y los actos preparatorios o la tentativa de delitos castigados con perpetua parten de una base de 30 años.

Hay penas menores para conductas concretas: el atentado cometido por integrantes de maras o estructuras criminales se castiga con 8 a 10 años, y volar drones sin autorización sobre los centros penales con 4 a 6 años, que suben a 6 a 8 años si el aparato se usa para introducir o sacar objetos prohibidos.

El tatuaje como prueba

La frase que más circuló en Honduras no está en el texto legal, sino en la boca de quien lo presidió. “A las personas que tengan tatuajes alusivos a las maras y pandillas solo con el tatuaje va a ser considerado terrorista”, dijo Tomás Zambrano al explicar el alcance de la reforma.

Lo que establece la ley es algo más matizado, y conviene leerlo con cuidado: tatuajes, señas, símbolos y expresiones visuales pueden ser valorados como indicio de pertenencia a una asociación terrorista, pero deben estar respaldados por peritajes especializados o por bases de datos de asociaciones reconocidas. Dentro de las cárceles, los internos sujetos al régimen especial deberán tener registrados sus tatuajes y queda prohibido hacerse otros nuevos.

Procedimiento: prisión preventiva obligatoria y 48 horas

La reforma procesal es tan importante como la penal. Para los acusados de asociación terrorista, la prisión preventiva pasa a ser obligatoria y no puede sustituirse por otras medidas cautelares; además deben permanecer en centros de máxima o alta seguridad, y se excluye la revisión de esas medidas salvo casos debidamente probados.

El plazo para poner a un detenido a disposición del juez se amplía a 48 horas cuando se trata de asociación terrorista, narcotráfico, secuestro o extorsión. Y se eliminan la libertad condicional y la prelibertad para los condenados por asociación terrorista, que deberán cumplir la pena completa, según la reforma del artículo 81 del Código Penal.

Grafitis, símbolos y una fuerza penitenciaria nueva

La Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las policías municipales y otros cuerpos de seguridad quedan facultados para retirar grafitis y símbolos vinculados a estas estructuras. En bienes públicos pueden hacerlo de oficio o tras una denuncia, sin orden judicial previa. En propiedad privada, el dueño tiene 24 horas para borrarlos; pasado ese plazo, las autoridades pueden eliminarlos y deben documentar la actuación por escrito o con fotografías. Volver a colocarlos queda prohibido, y los agentes que actúen dentro de los límites legales no asumen responsabilidad civil, penal ni administrativa.

En el ámbito carcelario, la ley crea una Fuerza Especial Penitenciaria encargada de custodiar los módulos de máxima seguridad, de los traslados de alto riesgo y de responder a motines e intentos de fuga. La identificación biométrica será obligatoria para internos, visitantes, abogados defensores y personal que entre o salga de esos módulos. El Ejecutivo tiene 30 días calendario desde la entrada en vigor para adaptar el reglamento penitenciario.

Por qué importa

Honduras lleva dos décadas probando leyes antimaras y la MS-13 y el Barrio 18 siguen cobrando extorsión en barrios enteros de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Lo que cambia ahora es la escala del castigo y, sobre todo, el estándar de prueba: cuando un rasgo físico puede servir de indicio para una condena de décadas, la discusión deja de ser solo penal y pasa a ser de garantías. El modelo de referencia está al lado —el régimen de excepción de Nayib Bukele en El Salvador, con más de 80.000 detenidos— y es el que buena parte de la región mira con atención.

Por ahora no se conocen pronunciamientos públicos de organizaciones de derechos humanos sobre el texto aprobado. Las diez abstenciones de Libre son, hasta el momento, la única señal de desacuerdo registrada en el pleno, y el Ejecutivo tendrá que fijar en los próximos 30 días el reglamento con el que se aplicará todo esto en las cárceles.