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¿Qué es un impeachment o juicio político en EE. UU.? Explicado paso a paso

Tres presidentes de Estados Unidos han sido acusados en un juicio político y ninguno fue destituido. Te explicamos cómo funciona, quiénes lo enfrentaron y en qué se diferencia de los casos de América Latina.

Por Redacción Datos Interesantes Dirección: Armando Loza 5 min de lectura
La Cámara de Representantes vota los artículos de acusación contra Donald Trump, el 18 de diciembre de 2019, en Washington.
La Cámara de Representantes vota los artículos de acusación contra Donald Trump, el 18 de diciembre de 2019, en Washington. Foto: Cámara de Representantes de Estados Unidos / Wikimedia Commons, Dominio público

El impeachment, o juicio político, es el procedimiento que tiene el Congreso de Estados Unidos para acusar y, si corresponde, destituir al presidente, a un juez federal u otro alto funcionario por faltas graves. Funciona en dos pasos: la Cámara de Representantes acusa con una mayoría simple y el Senado juzga, y solo puede condenar con dos tercios de los votos. Ningún presidente estadounidense ha sido destituido nunca por esta vía.

¿Qué significa impeachment?

La palabra viene del inglés y se suele traducir como juicio político o acusación constitucional. Un error muy común es pensar que impeachment significa destitución. En realidad, que un presidente sea objeto de impeachment quiere decir solo que la Cámara de Representantes aprobó acusarlo formalmente. Es algo parecido a una acusación de un fiscal: abre un juicio, pero no decide el resultado.

La figura nació en Inglaterra, donde el Parlamento la usaba desde la Edad Media para juzgar a ministros poderosos. Los autores de la Constitución de Estados Unidos, aprobada en 1787, la adoptaron como un freno contra los abusos del poder: querían que existiera una forma de retirar a un mal gobernante sin esperar a las siguientes elecciones y sin recurrir a la violencia.

Según el artículo II de la Constitución, pueden ser destituidos el presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de Estados Unidos por traición, soborno u otros delitos y faltas graves. Esta última expresión, en inglés high crimes and misdemeanors, nunca se definió con precisión, por lo que cada caso termina siendo también una discusión política sobre qué conductas son tan serias como para justificar la destitución.

¿Cómo funciona el proceso paso a paso?

Primero, la Cámara de Representantes investiga. Normalmente lo hace su Comité Judicial, que reúne pruebas, escucha testigos y redacta los llamados artículos de acusación, uno por cada cargo. Después, el pleno de la Cámara vota cada artículo. Basta con la mayoría simple de los presentes para aprobarlo, y con un solo artículo aprobado el funcionario ya queda acusado.

Luego, el caso pasa al Senado, que se convierte en una especie de tribunal. Un grupo de representantes, llamados gestores, actúa como fiscal; el acusado tiene sus abogados defensores, y los 100 senadores hacen de jurado. Cuando el acusado es el presidente, el juicio lo preside el presidente de la Corte Suprema, para que no lo dirija el vicepresidente, que sería el beneficiado si hubiera una destitución.

Para condenar se necesitan dos tercios de los senadores presentes, es decir, 67 votos si están los 100. Esa cifra tan alta obliga a que, en la práctica, haya votos de ambos partidos. Si se alcanza, el funcionario es destituido de inmediato y el Senado puede votar además, por mayoría simple, prohibirle ocupar cargos federales en el futuro. El juicio político no impone cárcel ni multas: eso le corresponde a la justicia ordinaria.

¿Qué presidentes han enfrentado un juicio político?

Tres presidentes han sido acusados por la Cámara, y ninguno fue condenado. El primero fue Andrew Johnson, en 1868, acusado de violar una ley al despedir a su secretario de Guerra. El Senado votó 35 a 19 a favor de condenarlo: le faltó un solo voto para llegar a los dos tercios.

El segundo fue Bill Clinton, acusado en diciembre de 1998 de perjurio y obstrucción de la justicia por haber mentido bajo juramento sobre su relación con una becaria de la Casa Blanca. El Senado lo absolvió en febrero de 1999, y ninguno de los dos cargos alcanzó siquiera la mayoría simple.

El tercero, y el único acusado dos veces, es Donald Trump. En diciembre de 2019 la Cámara lo acusó de abuso de poder y obstrucción al Congreso por sus presiones a Ucrania, y el Senado lo absolvió en febrero de 2020. En enero de 2021, una semana después del asalto al Capitolio, fue acusado de incitación a la insurrección. En el juicio, en febrero de 2021, 57 senadores votaron por condenarlo y 43 en contra: fue el mayor apoyo a la condena de un presidente en la historia, pero quedó 10 votos por debajo de lo necesario.

Richard Nixon es el caso famoso que no llegó a juicio. En julio de 1974, por el escándalo Watergate, el Comité Judicial de la Cámara aprobó tres artículos de acusación en su contra. Antes de que votara el pleno, y ante la certeza de perder, Nixon renunció el 9 de agosto de 1974. Es el único presidente de Estados Unidos que ha dimitido.

¿A quién más se ha aplicado y cuántas veces funcionó?

Según el registro histórico de la Cámara de Representantes, ese cuerpo ha aprobado 22 juicios políticos desde 1797 contra 21 personas, porque Trump fue acusado dos veces. La gran mayoría fueron jueces federales: 15 en total. También fueron acusados un senador, William Blount, en 1797, y dos miembros del gabinete: el secretario de Guerra William Belknap en 1876 y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en 2024. En este último caso, el Senado desestimó los cargos sin hacer juicio.

Solo ocho personas han sido condenadas y destituidas por el Senado, y las ocho eran jueces federales, casi siempre por corrupción, soborno o mentir bajo juramento. Uno de ellos, Alcee Hastings, destituido como juez en 1989, fue elegido pocos años después a la propia Cámara de Representantes, donde ocupó un escaño hasta su muerte en 2021. Los registros del Congreso muestran, además, que varios jueces renunciaron antes de que terminara su juicio.

¿Existe el juicio político en América Latina?

Sí. La mayoría de las constituciones latinoamericanas, inspiradas en el modelo estadounidense, incluyen algún tipo de juicio político, aunque con reglas distintas. Y, a diferencia de Estados Unidos, en la región sí ha servido para sacar a presidentes. En Brasil, el Senado destituyó a Dilma Rousseff el 31 de agosto de 2016 por 61 votos contra 20, por maniobras con las cuentas fiscales. Antes, en 1992, Fernando Collor de Mello renunció cuando ya había comenzado su juicio por corrupción.

En Paraguay, Fernando Lugo fue destituido el 22 de junio de 2012 en un juicio relámpago: la Cámara de Diputados lo acusó un día y el Senado lo condenó al siguiente, por 39 votos contra 4, por su manejo de un enfrentamiento por tierras que dejó 17 muertos. Varios gobiernos de la región criticaron la rapidez del proceso.

Perú tiene una figura propia, la vacancia por incapacidad moral permanente, que el Congreso puede aprobar con 87 de sus 130 votos. Así salieron Martín Vizcarra en 2020, Pedro Castillo en 2022 y Dina Boluarte, removida el 10 de octubre de 2025 con 122 votos a favor. Sus críticos sostienen que una causal tan amplia permite destituir a un presidente casi por cualquier motivo.

Lo que debes recordar

Impeachment no es lo mismo que destitución: es la acusación que aprueba la Cámara de Representantes. La condena la decide el Senado y exige dos tercios de los votos, una barrera tan alta que en más de 230 años ningún presidente de Estados Unidos ha sido expulsado del cargo por esta vía. Johnson estuvo a un solo voto de serlo en 1868, y el único que dejó la Casa Blanca por un escándalo, Nixon, se fue por su propia cuenta antes de que el proceso llegara al Senado.

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