El Gobierno de Kast rebajó las condenas de 56 presos por violación y abuso sexual de menores

El Ministerio de Justicia de Chile concedió 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad en los primeros seis meses del gobierno de José Antonio Kast. Según una investigación del medio chileno Interferencia, publicada el 21 de octubre de 2026, los decretos se firmaron entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre: 29 corresponden a condenas por violación y 27 a abuso sexual de menores. En ese mismo periodo, el ministerio rechazó una sola solicitud.

La cifra equivale, en promedio, a una rebaja aprobada cada tres días. El dato salió de una respuesta de la Subsecretaría de Justicia a una solicitud de transparencia y fue recogido después por medios como BioBioChile, El País y varias radios regionales. La noticia abrió un fuerte debate político en Chile, porque Kast llegó al poder con un discurso de mano dura contra el delito.

Qué es una rebaja de condena y por qué es polémica

La rebaja de condena no es un indulto ni una libertad condicional. Está regulada por la Ley 19.856, que permite reducir el tiempo de cárcel a los presos que muestran buena conducta de forma sostenida. La decisión no la toma un juez, sino el Ministerio de Justicia mediante un decreto administrativo, que lleva la fórmula "por orden del Presidente de la República".

El punto de la discusión es una reforma de 2022, la Ley 21.421, que sacó de este beneficio a los condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. El Gobierno sostiene que esa prohibición no se aplica a los delitos cometidos antes de que la ley entrara en vigor, en febrero de 2022, y que ninguno de los 56 decretos corresponde a hechos posteriores. Sus críticos responden que el ministerio podía haber negado las solicitudes y defender la ley en los tribunales, como, según dicen, hicieron los gobiernos anteriores.

La defensa del Gobierno

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió las decisiones y afirmó que su cartera se limitó a seguir lo que la Corte Suprema ha resuelto en decenas de recursos de amparo presentados por presos en la misma situación. "Nada más que eso, es el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema", dijo el ministro, según recogió la prensa chilena.

El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, también sostuvo que no se trató de decisiones discrecionales y que el ministerio solo cumplió sus obligaciones legales. Sin embargo, de acuerdo con el reportaje de Interferencia, las rebajas se concedieron por vía administrativa y no porque un tribunal lo ordenara en cada uno de esos casos. Expertos consultados por BioBioChile, como el académico Silvio Cuneo, de la Universidad Central, señalaron que los fallos de la Corte Suprema son precedentes importantes, pero no obligan de manera general a aplicarlos de forma automática a otras solicitudes.

El exministro de Justicia Jaime Gajardo, del gobierno de Gabriel Boric, aseguró que en las administraciones de Sebastián Piñera y de Boric este tipo de rebajas se rechazaban, y preguntó si alguno de los beneficiados ya salió en libertad. Hasta ahora, el Gobierno no ha precisado cuántas personas están detrás de los 56 decretos ni cuántas han dejado la cárcel.

Las reacciones: Defensoría de la Niñez y Congreso

La Defensoría de la Niñez anunció que pedirá al ministerio los antecedentes que justificaron cada resolución y una explicación por el cambio de criterio. El defensor, Anuar Quesille, recordó que detrás de estas condenas hay víctimas con derecho a justicia, protección y reparación, y calificó la medida como "un retroceso para la protección efectiva de la niñez".

En el Congreso, el tema unió a partidos de signos distintos. La bancada del PPD solicitó información detallada sobre los decretos, diputados de Renovación Nacional, partido de la coalición de derecha, propusieron una reforma constitucional para impedir estas rebajas, y parlamentarios del Partido Comunista impulsan una sesión especial y una posible interpelación al ministro Rabat.

Qué puede pasar ahora

El caso pone al Gobierno de Kast frente a una contradicción incómoda: su principal bandera es la seguridad y el castigo firme a los delincuentes, y ahora debe explicar por qué su ministerio redujo penas a condenados por uno de los delitos que más rechazo provocan en la sociedad. En los próximos días se espera que el ministro Rabat entregue más datos al Congreso y a la Defensoría de la Niñez.

La discusión de fondo, si la prohibición de 2022 debe aplicarse o no a delitos anteriores, podría terminar de nuevo en la Corte Suprema o en una nueva ley que la deje fuera de duda. Mientras tanto, el caso se convirtió en uno de los temas más comentados en Chile esta semana y en una prueba para el discurso de mano dura del presidente.