4.300 presos de La Picota le ofrecen al presidente de Colombia entregar todos sus celulares

Una carta fechada el 26 de octubre de 2026 llegó al despacho del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con una oferta que no se ve todos los días: los presos de la cárcel La Picota, en Bogotá, están dispuestos a entregar voluntariamente los celulares que tienen en sus patios. La firma Johana Bahamón, de la Fundación Acción Interna, en nombre de los comités de derechos humanos y convivencia de siete patios, que representan a unos 4.300 internos. Caracol Radio la hizo pública.

Qué ofrecen exactamente

La propuesta tiene dos partes. La primera son los teléfonos: los internos ofrecen entregarlos en una operación coordinada con el Inpec, la autoridad penitenciaria, para cortar la extorsión y los delitos digitales que se cometen desde adentro. Los celulares son ilegales dentro de la prisión, de modo que lo que se ofrece no es un bien propio, sino el fin de una práctica tolerada durante años.

La segunda parte es mano de obra. Los firmantes se comprometen a trabajar en proyectos que beneficien a comunidades: fabricar pupitres escolares, coser uniformes de colegio, armar mobiliario hospitalario y aportar en la construcción y el arreglo de vías y de espacios comunitarios.

Qué piden a cambio

Aquí está el detalle que vuelve la carta inusual: no piden rebajas de pena. Bahamón subraya que ninguna de las dos propuestas está condicionada a beneficios judiciales, descuentos de condena ni privilegios. Lo único que piden es ser escuchados en persona. “Pongo a su consideración la posibilidad de escucharlos personalmente”, dice el texto dirigido al presidente.

Según la fundación, a los internos los motivó la “nueva visión” que el actual gobierno ha planteado en materia de seguridad. La fundación se ofreció además a acompañar la ejecución de las iniciativas, sujeta a las condiciones legales, laborales y de seguridad que fije el Estado. Hasta el momento no se conoce respuesta del Gobierno ni del presidente.

El 70 % de la extorsión sale de las cárceles

Camilo Higuera, director de comunicaciones de la Fundación Acción Interna, puso la cifra que explica por qué esta oferta importa: alrededor del 70 % de la extorsión en Colombia se origina en los centros penitenciarios. Higuera aclaró que eso no significa que la mayoría de los internos participe; significa que un grupo con teléfonos puede sostener una industria criminal completa desde una celda.

Los operativos recientes dan la medida del problema. En una megaoperación en La Picota y otras cárceles del país las autoridades incautaron 1.320 celulares y más de 1.700 tarjetas SIM. La Policía Metropolitana de Bogotá informó además del desmantelamiento de un call center que funcionaba dentro de La Picota.

El telón de fondo: hacinamiento y mano dura

La Picota tenía en mayo de 2025 unos 7.459 internos para 6.181 cupos, un 20,6 % de hacinamiento. A nivel nacional, el Inpec reportó en el primer trimestre de 2026 unos 81.025 cupos para más de 102.000 personas privadas de la libertad.

Desde que llegó al poder el 7 de agosto de 2026, De la Espriella ha marcado un giro de mano dura. Ordenó el traslado de 117 reclusos de alto perfil a cárceles de máxima seguridad y ha anunciado megacárceles de máxima seguridad con participación del sector privado, con el modelo de El Salvador como referencia explícita. “A los bandidos se les acabó la fiesta en las cárceles”, dijo en agosto.

Ojo con lo que circula: una medida que nunca existió

Conviene aclarar algo, porque está circulando mucho en redes. Durante semanas se difundió como cierto que el Gobierno de De la Espriella había retirado 187 televisores de las celdas y prohibido las visitas íntimas entre reclusos de distintos penales, con titulares del tipo “se acabó el hotel”. Colombiacheck verificó el 13 de agosto de 2026 que es falso: esas medidas las anunció el ministro de Justicia de Costa Rica, Gabriel Aguilar, en julio de 2026, y no tienen relación con las cárceles colombianas.

Por qué importa

La oferta de los internos pone al Gobierno ante una decisión incómoda. Aceptar implicaría sentarse con representantes de personas condenadas, algo que choca con el discurso de mano dura que llevó a De la Espriella a la Presidencia. Rechazarla implicaría dejar pasar la posibilidad de sacar miles de teléfonos de una cárcel sin un solo operativo. Mientras tanto, la extorsión sigue saliendo de las celdas, y cada megaoperativo que incauta 1.320 celulares deja la misma pregunta: cuántos entraron al día siguiente.