¿Qué es el TPS? Quién lo tiene y qué pasa si se cancela, explicado

El TPS, o Estatus de Protección Temporal, es un permiso que da Estados Unidos a personas de ciertos países que viven una guerra, un desastre natural u otra crisis grave, para que puedan quedarse y trabajar legalmente mientras su país no sea seguro. No es una residencia ni una visa: no lleva a la green card ni a la ciudadanía. Y cuando el gobierno cancela el TPS de un país, sus beneficiarios pierden el permiso de trabajo y la protección contra la deportación.

¿Qué es el TPS y cuándo nació?

El Estatus de Protección Temporal fue creado por el Congreso de Estados Unidos con la Ley de Inmigración de 1990. La idea era sencilla: si un país sufre un terremoto, un huracán o un conflicto armado, no tiene sentido devolver a sus ciudadanos a ese lugar mientras dure la emergencia. Por eso, el gobierno puede "designar" a un país y proteger temporalmente a los nacionales de ese país que ya estén en territorio estadounidense.

Quien decide es el secretario o la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), después de consultar con otras agencias. Cada designación dura normalmente entre 6 y 18 meses y se puede renovar todas las veces que el gobierno considere necesario. En la práctica, muchas protecciones "temporales" se renovaron durante décadas: la de Honduras y Nicaragua nació tras el huracán Mitch, a finales de los años 90, y la de El Salvador, después de los terremotos de 2001.

¿Quién puede tener TPS? Los requisitos

No basta con ser de un país designado. Las reglas generales que publica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) son estas:

Ser ciudadano del país designado, o una persona sin nacionalidad cuyo último lugar de residencia fue ese país. Haber vivido en Estados Unidos de forma continua desde la fecha que fija cada designación, y estar físicamente en el país desde otra fecha determinada. Esto significa que quien llega después de esas fechas no califica, salvo que el gobierno haga una nueva designación.

Además, la persona no puede tener ciertos antecedentes: una condena por delito grave (felony) o dos o más delitos menores en Estados Unidos la dejan fuera, igual que algunos motivos de seguridad nacional. Y hay que presentar la solicitud dentro del periodo de inscripción que anuncia el gobierno, y volver a inscribirse en cada renovación. Con el TPS aprobado, la persona recibe un permiso de trabajo y no puede ser deportada mientras esté vigente.

¿Quién tiene TPS hoy?

En marzo de 2025 había alrededor de 1,3 millones de personas con TPS de 17 países, según un análisis del Centro de Investigaciones Pew publicado en agosto de 2026. Desde entonces, el segundo gobierno de Donald Trump terminó la protección de la mayoría de esos países, con el argumento de que las condiciones que la justificaban ya no existen o de que mantenerla no conviene a los intereses de Estados Unidos.

Según Pew, el gobierno dio por terminado el TPS de 11 países que sumaban cerca de 1,04 millones de beneficiarios, y el de otros dos (Etiopía y Somalia) quedó en pausa por decisiones judiciales. En la lista de terminados están Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Afganistán, Camerún, Nepal, Siria, Birmania (Myanmar), Sudán del Sur y Yemen. Los venezolanos son el grupo más grande: más de 615.000 personas, cerca del 59 % de quienes perdieron la protección.

A finales de octubre de 2026, El Salvador es el país latinoamericano que todavía conserva el TPS, aunque en una situación incierta. Su designación vencía el 9 de septiembre de 2026 y el gobierno no publicó a tiempo ninguna decisión. El DHS y la página oficial de USCIS indican que la protección, incluido el permiso de trabajo, sigue vigente hasta nuevo aviso. Se calcula que hay entre 170.000 y 200.000 salvadoreños con TPS, según distintas estimaciones. Fuera de la región, países como Ucrania, Sudán y Líbano figuraban también entre las designaciones activas en 2026.

¿Qué pasa si se cancela el TPS?

Cuando se termina el TPS de un país, el gobierno publica un aviso en el Registro Federal con una fecha final. A partir de ese día, el permiso de trabajo ligado al TPS deja de valer y la persona ya no está protegida contra la deportación.

Lo que ocurre después depende de cada caso. El beneficiario vuelve al estatus migratorio que tenía antes, si todavía es válido. Quien entró con visa y la dejó vencer, o quien entró sin papeles, queda sin un estatus legal y puede ser detenido y deportado. Algunas personas logran otras salidas: muchos hondureños, por ejemplo, ya habían conseguido la residencia permanente por matrimonio o por un familiar ciudadano, y el propio DHS estimó que unos 21.000 de los 72.000 hondureños con TPS ya la tenían. Otros pueden pedir asilo u otro tipo de alivio migratorio, aunque no hay garantías.

Los expertos y las organizaciones de ayuda a migrantes repiten dos consejos: consultar a un abogado de inmigración acreditado antes de que venza la protección, y desconfiar de "notarios" o gestores que prometen papeles rápidos a cambio de dinero, un fraude muy común en las comunidades latinas de Estados Unidos.

La batalla en los tribunales

Las cancelaciones del TPS llegaron rápidamente a los tribunales. Grupos de beneficiarios demandaron al gobierno, y varios jueces federales frenaron por un tiempo el fin de la protección para venezolanos, haitianos, hondureños y nicaragüenses. Sin embargo, la Corte Suprema permitió en 2025, en dos ocasiones, que siguiera adelante la terminación del TPS de Venezuela.

El golpe definitivo llegó el 25 de junio de 2026. En el caso Mullin contra Doe, la Corte Suprema decidió por 6 votos contra 3, con una opinión del juez Samuel Alito, que los tribunales no pueden revisar la decisión del gobierno de designar o terminar el TPS de un país. El fallo despejó el camino para acabar con la protección de más de 300.000 haitianos y de unos 6.000 sirios, y deja muy poco margen para nuevas demandas.

¿Por qué el TPS le importa tanto a América Latina?

La mayoría de los beneficiarios del TPS en la historia del programa han sido latinoamericanos y caribeños. Centroamericanos, venezolanos y haitianos llevan años trabajando con este permiso en construcción, restaurantes, limpieza, agricultura y cuidado de personas, y muchos tienen hijos nacidos en Estados Unidos, que son ciudadanos estadounidenses.

Para sus países de origen, el tema también es económico. Las remesas que envían los migrantes son una parte enorme de la economía de El Salvador, Honduras y Haití: en el caso salvadoreño y hondureño equivalen a cerca de una cuarta parte de su producto interno bruto, según datos del Banco Mundial. Por eso, los gobiernos de la región siguen de cerca cada anuncio sobre el TPS y suelen pedir a Washington que lo mantenga.

El dato que resume la historia del programa: una protección pensada para durar unos meses acompañó a algunos salvadoreños durante más de 25 años, y en apenas año y medio Estados Unidos retiró ese escudo a cerca de un millón de personas.