Rusia sale del convenio europeo contra la tortura y termina la vigilancia independiente de sus cárceles
La retirada se hizo efectiva el 1 de noviembre. El comité europeo que inspeccionaba centros de detención pierde su mandato en el país, al que no pudo volver desde 2021.
Desde el 1 de noviembre de 2026, ningún organismo independiente europeo tiene mandato para entrar a los centros de detención de Rusia. Ese día se hizo efectiva la salida del país del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura, un tratado del que formaba parte desde 1998. El Consejo de Europa lo comunicó este lunes, según recogen Kyiv Independent y la agencia Ukrinform.
Qué pasó
La decisión no es improvisada. Vladimir Putin firmó la ley de retirada el 29 de septiembre de 2025, y Moscú notificó formalmente su denuncia del convenio el 30 de octubre de ese año. El tratado fija un plazo de espera, de modo que Rusia siguió obligada durante unos doce meses más. Ese plazo acaba de terminar.
La consecuencia directa recae sobre el Comité para la Prevención de la Tortura, conocido como CPT, el órgano del Consejo de Europa encargado de visitar cárceles, comisarías y otros lugares donde hay personas privadas de libertad. Su presidente, Alan Mitchell, explicó que la salida pone término al mandato del comité en el país y que supone "el fin de cualquier vigilancia independiente" de esos lugares dentro de Rusia.
Por qué importa
Sobre el papel, el cambio es enorme; en la práctica, consagra una situación que ya venía de antes. El comité realizó 30 visitas a Rusia entre 1998 y 2021 y revisó más de 450 lugares de detención. Sin embargo, solo cuatro de sus informes llegaron a publicarse con autorización de Moscú. Rusia fue el único Estado parte con una política declarada de negar ese permiso, y siguen inéditos los informes de diez visitas a Chechenia y el Cáucaso Norte hechas entre 2000 y 2017.
Desde febrero de 2022, cuando comenzó la invasión a gran escala de Ucrania, el comité dice haber recibido numerosas denuncias de torturas y malos tratos por parte de funcionarios rusos, tanto en territorio ruso como en las zonas ucranianas ocupadas. Por la falta de cooperación de las autoridades, según el Consejo de Europa, no pudo viajar para comprobar la situación por sí mismo.
El dato más duro viene de otra fuente. Según monitores de derechos humanos de la ONU citados por Kyiv Independent, el 96 % de los prisioneros de guerra ucranianos liberados a los que entrevistaron relató haber sufrido torturas o abusos durante su cautiverio. Es una cifra basada en testimonios de personas entrevistadas, no un censo del total de prisioneros.
Los antecedentes
Rusia dejó de ser miembro del Consejo de Europa en marzo de 2022, semanas después de lanzar la invasión. Aun así, el convenio contra la tortura seguía vigente para el país porque también admite a Estados que no pertenecen a la organización. Era uno de los últimos lazos formales entre Moscú y los mecanismos europeos de derechos humanos.
Cuando Putin firmó la ley, el Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea sostuvo que la medida era otro paso en la desvinculación de Rusia de sus compromisos internacionales y que las principales víctimas serían los propios ciudadanos rusos. También citó al relator especial de la ONU sobre Rusia, quien ha descrito la tortura como una herramienta de opresión avalada por el Estado.
Ucrania, en cambio, sigue en el convenio junto con otros 45 Estados. Según Ukrinform, Kiev mantiene abierta la posibilidad de visitas del comité a sus centros de detención y garantiza la publicación automática de los informes.
Qué puede venir
La salida no deja a Rusia libre de toda obligación: la prohibición de la tortura también figura en otras normas del derecho internacional, y la Unión Europea ha insistido en que Moscú sigue obligado a cumplirlas. Lo que desaparece es una vía concreta para comprobarlo sobre el terreno.
Mitchell defendió que el enfoque preventivo del convenio sigue siendo tan importante como siempre, porque la vigilancia independiente es una salvaguarda fundamental contra los abusos. A partir de ahora, lo que se sepa sobre las cárceles rusas dependerá sobre todo de testimonios de liberados, abogados, familiares y organizaciones que trabajan desde fuera, con todas las dificultades que eso implica para verificar cada caso.
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