Rusia condena a 13 años a un informático que donó 1.500 dólares a Ucrania con datos que entregó Binance

Un informático ruso de 49 años pasará los próximos 13 años encerrado por haber enviado, en total, unos 1.500 dólares en criptomonedas a colectas a favor del ejército de Ucrania. La condena la dictó el lunes 26 de octubre de 2026 un tribunal militar de Rusia, y la prueba central del caso, según documentos revisados por la agencia Reuters, fue un informe que la plataforma de criptomonedas Binance entregó a los investigadores rusos.

El caso de Yuri Belenki se ha convertido en un ejemplo de hasta dónde llega la persecución del Kremlin contra quienes apoyan a Ucrania, incluso con pequeñas cantidades y desde fuera del país. También abre una pregunta incómoda para millones de usuarios en todo el mundo, incluida América Latina: qué hacen las plataformas de criptomonedas cuando un gobierno les pide los datos de un cliente.

Qué decidió el tribunal

El Segundo Tribunal Militar del Distrito Occidental declaró culpable a Belenki de “financiar el terrorismo”. La pena combina tres años en una prisión cerrada y diez años más en una colonia penitenciaria de régimen estricto, según Meduza y el grupo de abogados Pervy Otdel (Primer Departamento), que siguió el proceso. Además, deberá pagar una multa de 500.000 rublos y se le confiscaron otros 126.000.

De acuerdo con los hechos que el tribunal dio por probados, citados por la agencia estatal RIA Novosti y recogidos por Reuters, entre agosto de 2022 y marzo de 2024 Belenki hizo 15 transferencias en criptomonedas por más de 120.000 rublos. El dinero fue a una cuenta cuyos datos había difundido Arkadi Bábchenko, un periodista ruso exiliado y crítico del Kremlin, que recaudaba fondos para las fuerzas ucranianas y para el regimiento Azov. Rusia considera a Azov una organización terrorista, y por eso cualquier aporte puede encajar en ese delito.

Belenki niega los cargos y su defensa anunció que apelará la sentencia.

Cómo lo atraparon

El informático vivía en Bulgaria desde 2015, pero viajaba con frecuencia a Rusia. En septiembre de 2025 fue detenido en el aeropuerto de Sheremétievo, en Moscú. Primero lo retuvieron por una falta administrativa menor de “vandalismo”, una táctica que la policía rusa usa a menudo para mantener a alguien detenido mientras prepara una acusación más grave. Después llegó el cargo de financiación del terrorismo.

Según Meduza, los investigadores demostraron las transferencias gracias a un informe detallado que Binance envió en respuesta a una solicitud del Comité de Investigación de Rusia. Con ese documento, la acusación sumó nuevas transacciones a las que ya conocía. Según el equipo legal del grupo de derechos humanos que lleva el caso, consultado por Reuters, la respuesta de la plataforma fue una prueba clave.

Binance dijo a Reuters que no hace ni aplica las leyes de ningún país, que no decide los cargos y que no determina cómo usa un gobierno la información en un proceso judicial. También indicó que no comenta pedidos confidenciales de las autoridades. La empresa anunció su salida del mercado ruso en 2023.

Por qué importa

Organizaciones de derechos humanos señalan que en los últimos años decenas de rusos han sido condenados por donaciones hechas con criptomonedas a causas que las autoridades después calificaron de extremistas o terroristas. Muchas personas creían que estos pagos eran difíciles de rastrear. El caso de Belenki muestra que las plataformas que piden documentos de identidad a sus clientes guardan un registro que puede terminar en manos de un fiscal.

El caso también llega en un momento delicado de la guerra. Rusia, Estados Unidos y Ucrania se preparan para retomar en noviembre las conversaciones de paz en Abu Dabi, mientras los ataques con misiles y drones siguen golpeando ciudades ucranianas casi a diario.

Qué puede pasar ahora

La defensa tiene previsto apelar ante un tribunal superior, aunque en Rusia las apelaciones en casos de este tipo rara vez cambian el resultado. Grupos de abogados que siguen la causa sostienen que la entrega de datos de un residente en la Unión Europea podría chocar con las normas europeas de protección de datos, un punto que podría llevar el caso fuera de los tribunales rusos.