El gobierno de Trump habló en secreto con Irán en plena guerra para deportar iraníes, revelan documentos

Estados Unidos e Irán llevan más de ocho meses en guerra, no tienen relaciones diplomáticas y sus gobiernos se acusan a diario. Aun así, según documentos judiciales revelados este jueves 5 de noviembre por la agencia AP, el gobierno de Donald Trump mantuvo contactos con funcionarios iraníes en plena guerra con un objetivo concreto: deportar a ciudadanos de Irán que están en territorio estadounidense.

Qué revelan los documentos

Los papeles forman parte de una demanda que sigue abierta en un tribunal federal y que fueron desclasificados por orden judicial. Según AP, muestran que durante la guerra la administración siguió en comunicación con autoridades iraníes para tramitar documentos de viaje y explorar lo que los propios funcionarios llamaron "posibles vías para la expulsión".

Los documentos indican además que, todavía a mediados de octubre, el gobierno aseguraba tener planes para deportar a esos iraníes a través de un tercer país, cuyo nombre no se menciona. No está claro cuándo pensaba hacerlo ni cuántas personas estaban incluidas en ese plan.

La coordinación no empezó con la guerra. Cientos de correos electrónicos entre funcionarios de inmigración, según la misma investigación, muestran que ambos países ya habían organizado el regreso de más de 100 iraníes en tres vuelos de deportación: uno en septiembre de 2025, otro en diciembre de 2025 y otro en enero de 2026, semanas antes de que comenzaran los ataques a finales de febrero.

La jueza que frenó los planes

El caso está en manos de la jueza federal Ana Reyes. En una audiencia del 15 de octubre, cuya transcripción forma parte de los documentos, la magistrada le recordó al gobierno que el país está en guerra con Irán y citó las propias palabras del presidente, que ha descrito a ese país como un enemigo y lo ha acusado de matar a decenas de miles de manifestantes. Con ese contexto, advirtió que enviar a personas de vuelta a esa región las expondría, como mínimo, a una amenaza seria de muerte.

El abogado del Departamento de Justicia, Dimitar Georgiev-Remmel, respondió que el gobierno se limita a ejecutar órdenes de expulsión que son legales. La jueza, sin embargo, impuso dos condiciones: el gobierno debe avisar al tribunal con 24 horas de anticipación cuando tenga listo cualquier plan para deportar iraníes, ya sea a Irán o a otro país, y debe dar un aviso por escrito con cinco días de anticipación antes de ejecutar cualquier deportación.

Las acusaciones de la demanda

La demanda va más allá de los vuelos. Sostiene que las agencias de inmigración compartieron con el gobierno iraní información confidencial sobre personas que pidieron asilo en Estados Unidos, lo que según los demandantes viola las normas migratorias y pone en riesgo a muchos iraníes. El Departamento de Seguridad Nacional niega que esté entregando a Teherán los expedientes de asilo y no respondió de inmediato a las consultas de AP.

Las deportaciones a Irán han sido históricamente raras justamente por la falta de relaciones diplomáticas y por el riesgo de persecución para quienes regresan. Organizaciones de derechos humanos han documentado en los últimos meses una ofensiva del gobierno iraní contra opositores, intelectuales y activistas, lo que hace más delicado el destino de quienes son devueltos.

Por qué importa para América Latina

El caso muestra hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Trump con su política de deportaciones: incluso a coordinar con un país con el que está en guerra. También vuelve a poner en el foco a los llamados terceros países. Durante este segundo mandato, El Salvador, Costa Rica y Panamá han aceptado recibir a extranjeros expulsados por Estados Unidos, y en junio una mujer iraní fue enviada junto a unas dos docenas de migrantes a la República Centroafricana.

Lo que viene ahora depende del tribunal. Con la orden de la jueza Reyes vigente, cualquier nuevo plan para expulsar iraníes tendrá que pasar primero por su despacho, y la demanda seguirá avanzando sobre la acusación más grave: si Washington compartió con Teherán datos de personas que huyeron de ese país.