Irán ahorca a tres manifestantes de Karaj acusados de trabajar para Israel y Estados Unidos

Irán ejecutó en la horca el domingo 8 de noviembre de 2026 a tres hombres que habían sido detenidos durante las protestas de enero en Karaj, una ciudad grande situada al oeste de Teherán. El anuncio lo hizo el poder judicial iraní en la madrugada, según informaron Reuters e Iran International. Los nombres que difundió este último medio son Hassan Divband, Hamid Kazemi y Reza Zanganeh.

La justicia iraní sostiene que los tres actuaron a favor de Israel y de Estados Unidos, los dos países con los que Irán está en guerra abierta desde este año. Las organizaciones de derechos humanos, en cambio, llevan meses denunciando que muchos de estos procesos se resuelven con confesiones forzadas y sin garantías para la defensa.

De qué los acusaba la justicia iraní

Según la versión oficial recogida por Iran International, el Tribunal Revolucionario de Karaj condenó a muerte a los tres por participar en operaciones para Israel, Estados Unidos y lo que el régimen llama "grupos hostiles" contra la seguridad nacional. La Corte Suprema confirmó después las sentencias, paso previo a la ejecución.

Las autoridades los señalaron por atacar edificios públicos y oficinas del gobierno, dañar bienes públicos y la infraestructura eléctrica, y provocar cortes de servicios durante las noches del 8 y el 9 de enero, cuando las protestas alcanzaron su punto más alto en todo el país. De acuerdo con el poder judicial, Divband fue arrestado el 11 de enero a partir de un informe de la oficina de Inteligencia de la provincia de Alborz, y después fueron detenidas otras diez personas acusadas de colaborar con él.

Además de la pena de muerte, el tribunal ordenó confiscar los bienes de los tres condenados, un trámite que según la misma fuente todavía sigue en curso. En el mismo caso, otros ocho acusados recibieron penas de entre 5 y 10 años de prisión.

Una ola de ejecuciones ligadas a las protestas

Las protestas comenzaron a finales de 2025 por el deterioro de la economía y se convirtieron en manifestaciones contra el sistema político en decenas de ciudades. Desde entonces, la respuesta judicial ha sido especialmente dura. Iran International contabilizó al menos 70 ejecuciones entre el 7 de enero y el 5 de octubre de 2026, de las cuales 35 estaban relacionadas con casos de las protestas de enero.

La organización Iran Human Rights, con sede en Noruega, eleva la cifra total de ejecuciones en el país a 691 entre enero y octubre, e incluye entre ellas a 36 manifestantes. La relatora especial de la ONU sobre Irán, Mai Sato, habló a finales de octubre de al menos 34 personas ejecutadas por hechos ligados a esas protestas. Las cifras varían porque Irán no publica datos completos y muchos casos se conocen por familiares o activistas.

Un estudio de Human Rights Watch y el Centro Abdorrahman Boroumand, difundido en septiembre, encontró que en 16 de 29 casos de ejecuciones vinculadas a las protestas no existía ninguna acusación de homicidio. Es decir, varias personas fueron ejecutadas por delitos como daños a la propiedad o cargos de seguridad nacional, como ocurre en este caso de Karaj.

La guerra como telón de fondo

Las ejecuciones llegan en un momento de máxima tensión. Irán mantiene un enfrentamiento armado con Estados Unidos e Israel, con ataques en el estrecho de Ormuz, un bloqueo naval estadounidense y amenazas cruzadas casi a diario. En ese contexto, las autoridades iraníes han endurecido los procesos contra personas acusadas de colaborar con el enemigo, una figura que se aplica tanto a supuestos espías como a manifestantes.

Hace pocos días, el 5 de noviembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó otras ejecuciones de jóvenes manifestantes realizadas en octubre y pidió justicia para sus familias. Hasta el cierre de esta nota no se conocía una reacción oficial de Washington a las ejecuciones de Karaj.

Qué puede pasar ahora

Las organizaciones de derechos humanos advierten que todavía hay varios detenidos de las protestas con condenas a muerte confirmadas o en revisión, por lo que podrían producirse nuevas ejecuciones en las próximas semanas. Para las familias de los condenados, la confiscación de bienes añade un golpe económico al castigo. La presión internacional sobre Teherán probablemente aumentará, aunque en plena guerra el gobierno iraní ha mostrado poca disposición a ceder ante las críticas externas.