¿Qué es la Corte Penal Internacional y a quién puede juzgar? Explicado fácil

La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal permanente con sede en La Haya, Países Bajos, que juzga a personas acusadas de los crímenes más graves que existen: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. No juzga a países, sino a individuos, ya sean soldados, jefes rebeldes o presidentes. Solo actúa cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.

¿Qué es la Corte Penal Internacional y cuándo nació?

La idea de un tribunal mundial para castigar las peores atrocidades se discutió durante casi todo el siglo XX, desde los juicios de Núremberg contra los jerarcas nazis hasta los tribunales especiales que la ONU creó en los años noventa para la antigua Yugoslavia y para Ruanda. Esos tribunales tenían un problema: eran temporales y solo servían para un conflicto concreto.

El 17 de julio de 1998, en una conferencia diplomática en Roma, 120 países votaron a favor de crear una corte permanente. El tratado que la fundó se llama Estatuto de Roma y entró en vigor el 1 de julio de 2002, cuando alcanzó las 60 ratificaciones necesarias.

Es importante no confundirla con la Corte Internacional de Justicia, que también está en La Haya. Esa otra corte es un órgano de la ONU y resuelve disputas entre Estados, como un conflicto de fronteras. La CPI, en cambio, es una institución independiente creada por un tratado y se ocupa de responsabilidades penales individuales.

¿Qué delitos puede juzgar?

El Estatuto de Roma define cuatro tipos de crímenes. El genocidio es la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Los crímenes de lesa humanidad son ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, como asesinatos, desapariciones forzadas, tortura o deportaciones.

Los crímenes de guerra son violaciones graves de las leyes de los conflictos armados, por ejemplo atacar a propósito a civiles u hospitales o reclutar niños como soldados. El cuarto es el crimen de agresión, que castiga a los líderes que planifican o dirigen una invasión o un ataque armado contra otro país en violación de la Carta de la ONU. La Corte puede juzgarlo desde el 17 de julio de 2018.

La pena máxima es de 30 años de prisión, o cadena perpetua en casos de extrema gravedad. La pena de muerte no existe en este tribunal.

¿A quién puede juzgar y a quién no?

La Corte solo puede investigar hechos ocurridos desde el 1 de julio de 2002. Además, debe cumplirse al menos una de estas condiciones: que el crimen ocurra en el territorio de un país miembro, que el acusado sea ciudadano de un país miembro, que un país que no es miembro acepte su competencia mediante una declaración especial, o que el Consejo de Seguridad de la ONU le envíe el caso.

Por esa regla del territorio, la Corte puede investigar a ciudadanos de países que no son miembros. Es lo que ocurrió con Rusia: aunque no forma parte del tratado, Ucrania aceptó la competencia de la Corte y en marzo de 2023 los jueces emitieron una orden de arresto contra el presidente Vladímir Putin por la deportación ilegal de niños ucranianos, acusación que el Kremlin rechaza. En noviembre de 2024 hicieron lo mismo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por hechos en Gaza; Israel tampoco es miembro, pero Palestina sí, e Israel niega las acusaciones.

Hay otra regla clave, llamada complementariedad: la CPI es un tribunal de último recurso. Si un país investiga y juzga de verdad a sus propios acusados, la Corte no interviene.

¿Cómo funciona por dentro?

La Corte tiene 18 jueces elegidos por los países miembros para un solo periodo de nueve años, una Fiscalía que investiga y presenta los casos, y una Secretaría que se encarga de la administración, la defensa y la atención a las víctimas. Los países miembros forman la Asamblea de los Estados Partes, que elige a jueces y fiscal y aprueba el presupuesto.

Su gran debilidad es que no tiene policía propia. Para detener a alguien depende de que los gobiernos lo arresten y lo entreguen, y por eso muchas órdenes de captura siguen sin ejecutarse durante años. Un ejemplo de lo contrario fue el expresidente filipino Rodrigo Duterte, detenido en Manila y trasladado a La Haya en marzo de 2025. Está acusado de crímenes de lesa humanidad por su campaña antidrogas, que él defiende, y la Corte fijó el inicio de su juicio para el 30 de noviembre de 2026.

Su primera sentencia llegó en 2012, contra el congoleño Thomas Lubanga, condenado a 14 años de prisión por reclutar niños soldados. En julio de 2026 la Corte vivió otro hecho sin precedentes: los Estados miembros votaron, con 82 apoyos, destituir al fiscal jefe Karim Khan por faltas graves relacionadas con denuncias de conducta sexual inapropiada, que él niega. Fue la primera vez que se aparta así a un fiscal en funciones, y sus dos adjuntos quedaron a cargo de la Fiscalía.

¿Quiénes forman parte y quiénes no?

Hoy 125 países son miembros. El último en unirse fue Ucrania, desde el 1 de enero de 2025. Fuera del tratado están potencias como Estados Unidos, China, Rusia e India. Rusia firmó el Estatuto en su momento, pero retiró su firma en 2016, y Estados Unidos ha sido abiertamente hostil: en 2025 sancionó a funcionarios y jueces de la Corte.

Salir es posible, pero tarda un año desde que el país notifica a la ONU. Burundi fue el primero en hacerlo, el 27 de octubre de 2017, y Filipinas lo siguió en 2019. En junio de 2026, Burkina Faso, Malí y Níger presentaron sus notificaciones de retiro, que se harán efectivas en 2027. Hungría, en cambio, había anunciado su salida en 2025, pero su nuevo Parlamento la revirtió en mayo de 2026, días antes de que se concretara. Salir no borra lo anterior: la Corte conserva su competencia sobre los hechos ocurridos mientras el país era miembro.

¿Qué relación tiene con América Latina?

América Latina es una de las regiones con más apoyo a la Corte: de los países latinoamericanos, solo Cuba y Nicaragua nunca se han sumado al Estatuto de Roma. El primer fiscal de la historia del tribunal fue el argentino Luis Moreno Ocampo, entre 2003 y 2012, y su compatriota Silvia Fernández de Gurmendi la presidió entre 2015 y 2018. Una de las juezas sancionadas por Washington en 2025 fue la peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza.

El caso latinoamericano más conocido es el de Venezuela. En noviembre de 2021 la Fiscalía abrió una investigación formal por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017, en especial contra opositores y manifestantes detenidos, algo que el gobierno venezolano rechaza. El 24 de julio de 2026, Caracas notificó a la ONU su retiro del Estatuto, que se hará efectivo un año después; según expertos y la propia regla del tratado, eso no detiene la investigación ya en curso. En el caso de Colombia, en cambio, la Fiscalía cerró en 2021 su examen preliminar tras casi 17 años, al considerar que la justicia colombiana, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz, estaba haciendo su trabajo.

El dato que resume su fuerza y su límite: un tribunal que puede emitir una orden de arresto contra el presidente de una potencia nuclear no tiene un solo policía propio para cumplirla.