Costa Rica traslada a los primeros 123 presos a su megacárcel inspirada en el modelo de Bukele

Costa Rica comenzó el lunes 26 de octubre de 2026 a llenar su nueva cárcel de máxima seguridad. Los primeros 123 reclusos llegaron al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), dentro del complejo penitenciario de La Reforma, en San Rafael de Alajuela. Las imágenes difundidas por el Ministerio de Justicia y Paz los muestran con la cabeza rapada, vestidos con uniformes de color naranja y arrodillados en fila con las manos en la nuca.

La escena recuerda de forma deliberada a las fotografías que el Gobierno de El Salvador ha divulgado desde 2023 en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión símbolo de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele. Las autoridades costarricenses han reconocido que el proyecto se inspiró en ese modelo.

Quiénes fueron los primeros trasladados

Según el Ministerio de Justicia, en este primer grupo están “los criminales de mayor peligrosidad del país”, personas vinculadas con estructuras del crimen organizado que hasta ahora estaban en otras áreas de máxima seguridad. Entre ellos figuran tres sospechosos del asesinato del oficial de la Fuerza Pública Gerson Rosales Cascante, ocurrido el 13 de mayo en Batán, Limón. Los tres permanecen en prisión preventiva.

La presidenta Laura Fernández Delgado, que inauguró el centro el 14 de octubre, había pedido expresamente que ese grupo encabezara los traslados. El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, afirmó que “ahora estamos demostrando con hechos que sí se puede” y describió la cárcel como “un monumento a la seguridad nacional”. El ministerio sostiene que la prisión se basa en “tres principios innegociables: orden, control y disciplina”.

Los informes difundidos hasta ahora no aclaran si el corte de pelo será obligatorio para todos los ingresos futuros ni qué excepciones podría haber.

Cómo es la cárcel

El CACCO tendrá cinco módulos de unas 1.020 plazas cada uno, hasta llegar a una capacidad de 5.100 personas. El primer módulo quedó listo a mediados de octubre y el Gobierno prevé completar los otros cuatro en diciembre, con traslados progresivos hasta entonces. La inversión ronda los 33 a 35 millones de dólares, según las cifras oficiales citadas por la prensa.

Las celdas alojan hasta 60 personas en literas metálicas de tres niveles, y los sanitarios están a la vista, a pocos metros de las camas. El recinto cuenta con cámaras, controles biométricos, equipos de escaneo y pasarelas desde las que los guardias vigilan los pabellones. El objetivo declarado es impedir que los cabecillas sigan dirigiendo delitos desde las prisiones y reducir la sobrepoblación carcelaria, que según las autoridades bajaría del 59 % al 15 %.

Las críticas

La oposición y varias organizaciones han cuestionado las condiciones de vida en el nuevo centro. La Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en el que pide suspender los traslados. El recurso señala problemas de temperatura, que según la organización pueden superar los 40 grados por el diseño cerrado de los módulos, además de la falta de privacidad, la seguridad y la atención médica.

La presidenta Fernández ha respondido que se respetarán los derechos humanos de los reclusos y ha rechazado las críticas. Su Gobierno presenta la cárcel como una respuesta al aumento de la violencia ligada al narcotráfico, que en los últimos años ha llevado a Costa Rica a registrar cifras récord de homicidios.

Un modelo que se extiende

Costa Rica se suma así a la lista de países de América Latina que han mirado hacia El Salvador para enfrentar al crimen organizado. El modelo de Bukele, con cárceles de gran tamaño, aislamiento estricto y una fuerte exhibición pública de los presos, goza de popularidad en la región, aunque organismos de derechos humanos han denunciado detenciones masivas y muertes bajo custodia en el sistema salvadoreño.

Lo que ocurra en los próximos meses con el CACCO, a medida que se llenen sus módulos y la Sala Constitucional resuelva el amparo, marcará si el modelo puede adaptarse a un país con una larga tradición de controles judiciales como Costa Rica.