Trump pacta 35 millones en ayuda militar a una unidad de Camerún que recibe deportados, según el WSJ

Unos 35 millones de dólares en ayuda militar, con vehículos blindados de transporte de tropas incluidos, van camino a una unidad del ejército de Camerún que Estados Unidos ya había castigado por abusos. Así lo reveló este 29 de octubre The Wall Street Journal, en una investigación recogida también por el medio estadounidense Raw Story. Lo que llama la atención es el contexto: según funcionarios y asesores del Congreso citados por el diario, el paquete se negoció junto con otro acuerdo, por el cual Camerún acepta a personas deportadas desde Estados Unidos que no son cameruneses.

El Departamento de Estado no quiso hablar de los detalles de ningún acuerdo. Sí elogió su cooperación con Camerún en seguridad y lucha antiterrorista, y sostuvo que cumple la Ley Leahy, la norma que prohíbe dar ayuda militar a fuerzas vinculadas a violaciones de derechos humanos. La embajada de Camerún en Washington no respondió a la consulta del periódico.

Qué es el BIR y de qué se le acusa

El Batallón de Intervención Rápida, conocido como BIR, es una fuerza de élite del ejército camerunés que combatió al grupo yihadista Boko Haram en el norte del país. En 2017, Amnistía Internacional publicó un informe que lo acusaba de crímenes de guerra durante esa campaña, con detenidos golpeados, ahogados y, en algunos casos, torturados hasta la muerte.

Esas denuncias tuvieron consecuencias en Washington. En 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos recortó parte de la ayuda a la unidad y sacó a Camerún de un pacto comercial con países africanos por los abusos que seguían denunciándose. El gobierno camerunés negó entonces las acusaciones. Por eso el nuevo paquete supone un giro: la misma administración que cortó el dinero ahora lo devuelve.

El freno del Senado que no funcionó

El Congreso conocía el plan desde enero, cuando se le notificó la ayuda. La senadora demócrata Jeanne Shaheen, la voz de mayor rango de su partido en el Comité de Relaciones Exteriores, bloqueó el paquete y lo mantuvo detenido varios meses. En abril, el equipo del secretario de Estado, Marco Rubio, le comunicó que el gobierno pasaría por encima de ese bloqueo y seguiría adelante.

Esta semana, Shaheen calificó el trato de “grotesque”, es decir, grotesco. La senadora dijo sentirse defraudada por Rubio y defendió que Estados Unidos no debe entregar equipo militar sensible a gobiernos con un historial pobre de derechos humanos, menos aún como pago por recibir personas. Por las mismas fechas de la notificación al Congreso, Washington también envió 30 millones de dólares a las operaciones de la agencia de la ONU para los refugiados en Camerún, mientras recortaba ayuda exterior en otros lugares.

Quiénes son los deportados

Los vuelos comenzaron en diciembre, según la información publicada esta semana, y Camerún ha recibido desde entonces al menos 36 personas, de acuerdo con la organización Refugees International. Algunos funcionarios dijeron al Wall Street Journal que los vuelos hacia países africanos aumentarán en los próximos meses.

Human Rights Watch documentó en febrero la situación de los primeros 17 deportados: hombres y mujeres de nueve países africanos, entre ellos solicitantes de asilo y una persona apátrida. Según esa organización, varios tenían protección judicial en Estados Unidos que impedía devolverlos a sus países de origen por temor a persecución o tortura. Al llegar a Yaundé fueron detenidos, sin base legal según la organización, y varios contaron a una abogada o abogado que los ayudaba que se sentían presionados para regresar a casa.

Por qué importa en América Latina y qué puede pasar ahora

Para el público latinoamericano, este caso muestra hasta dónde llega la política de deportaciones a terceros países: gente expulsada de Estados Unidos que termina en un país donde nunca vivió, en virtud de acuerdos que no siempre se hacen públicos. También deja una pregunta abierta sobre la Ley Leahy, porque el gobierno asegura cumplirla mientras la unidad beneficiada carga con denuncias de organizaciones internacionales.

El siguiente punto de presión está en el Congreso. Las elecciones legislativas del 3 de noviembre definirán cuánta capacidad tendrá la oposición para investigar este tipo de acuerdos. Mientras tanto, el Departamento de Estado no ha publicado las condiciones del pacto, y los detalles conocidos provienen de fuentes citadas por la prensa estadounidense.